Échame a mí la culpa de tu desgracia II

juarez

El H. Congreso de la República Dominicana lo proclamó Benemérito de las Américas y con ese nombre de gloria se selló su silueta tergiversada en millones de mexicanos, en las paredes de cientos de miles de escuelas públicas oficiales, en las estatuas a su nombre y en, cómo no, la vértebra moral de las logias masónicas mexicanas. Ese título, único que recibió por parte de una nación extranjera en vida, se debe a factores que no conciernen a sus méritos ya no presidenciales, sino liberales. El parlamento dominicano, saturado hasta el borde de liberales que por añadidura eran masones del mismísimo rito escocés al que perteneció hasta la muerte Simón Bolívar, no podía dejar pasar la oportunidad de rendirle panegíricos al estadista que había logrado fincar los estatutos liberales en un país latinoamericano alguno desde su emancipación de la metrópoli española, supeditar el Ejército a la autoridad civil, desarraigar los cimientos del poder eclesiástico –oponente natural de los masones- y además, expulsar con gallardía, heroicidad y patriotismo a los franceses, cultores del conservadurismo católico y militarista que traía como respaldo la etiqueta de potencia mundial y las mejores fuerzas armadas del planeta en su época. Pero, ¿Cuánto de cierto y de mendaz tienen estos logros atribuidos a Benito Juárez? ¿Cuán exacta fue la interpretación de los hechos, con el Caribe y su doctrina masónica de por medio, por parte de los legisladores dominicanos?

Para empezar, Juárez no podría ni siquiera haber redactado una proclama de gratitud a ese Congreso antillano sin que el pudor le coloreara el rostro después de un pase de lista honesto a sus méritos. Todo el decurso de su exilio, su franca y abierta batalla por el liberalismo, contra el centralismo, primero, la Intervención, después, y el clero, de siempre, siendo un presidente proscrito en su propia patria, estuvo acompañado por fieles seguidores, más de su ideal y su investidura legal de Primer Magistrado que de su calidad de estadista. Pero aceptó el reconocimiento porque precisamente ese título le convino para consolidar su figura de manera individual, y casi por inercia su poder al interior, y a la vez, ignorando esa colaboración de sus correligionarios a él adheridos. Ese error de cálculo -teñida un tanto por la ambición, otro tanto por la búsqueda sincera de paz y estabilidad y otro tanto por el provecho político- cuajó de golpe las bases del pernicioso presidencialismo que nos había de perjudicar una y otra vez durante un siglo entero.

Los nombres usualmente a la sombra de Juárez, imaginados prácticamente adictos a él, no siempre y no del todo compartieron sus decisiones políticas ni su proceder presidencial. Ignacio Manuel Altamirano, igual o más indígena que él, formado más o menos a la misma usanza, aunque mucho más radical en el proyecto de su partido, se atrevió a criticarlo acerbamente frente a los diputados, tanto liberales como conservadores, por la ineptitud demostrada al frente del gobierno al no poder aplicar debidamente ni la Constitución ni las Leyes de Reforma, al no poder en orden el desbarajuste económico en que se consumía México tras una inclemente Guerra Civil, y al no poder establecer una distancia definitiva entre el Estado y la Iglesia y entre los federalistas y los centralistas. Melchor Ocampo, el verdadero ideólogo de la visión liberal, lo abandonó a su suerte por su discrepancia en el manejo de la política exterior respecto a lo que proponía: En cuanta oportunidad se le presentó, pretendió pactar con los Estados Unidos 3 tratados -uno de ellos, el MacLane-Ocampo, les cedía libre tránsito a los estadounidenses a través del Istmo de Tehuantepec- con los que recibiría el respaldo militar y pecuniario que necesitaba para imponerse en Palacio Nacional, pero que sin duda, y de no haber sido por una afortunadamente enérgica negativa del Senado norteamericano, hubieran afectado nuestra soberanía. Ocampo duró en Relaciones Exteriores 15 febriles días de acalorada discusión. Guillermo Prieto, más impresionado por la efigie de Juárez, nunca estuvo de acuerdo con él en lo referente a su mandato unicameral ni en la extensión de su mandato en plena Intervención, pero no pudo expresar abiertamente su postura a favor de un Senado, puesto que le hubiera acarreado un desaguisado político con él.

Del mismo modo, Altamirano fomentó la cultura dentro del gabinete juarista una vez restaurada la República y la amistad, y le profesó lealtad al propio Juárez retirándose irrevocablemente de la política cuando éste murió. Del mismo modo, Ocampo de lanzó de lleno al campo de batalla para apoyar incondicionalmente a Juárez en la Guerra de Reforma, cayendo a manos del execrable general Leonardo Márquez –quien con su precedente en Tacubaya de antiliberal sevicia castrense se había ganado el mote de El Tigre-, y éste lo pasó por las armas y lo colgó ya sin vida para escarnecerlo ya casi al final de la contienda civil. Del mismo modo, es proverbial el afecto y la admiración que Prieto sentía por Juárez al grado de escribir por él las memorias de su vida.

Es decir, Juárez no realizó una labor solitaria para fincar los estatutos liberales ni mucho menos irrebatible. Si con alguien Juárez, a la luz del devenir histórico, debió compartir el galardón dominicano era con sus amigos, sus adláteres más fervientes y a la vez sus críticos más acrimónicos, en lugar de habérselo apropiado para sus intereses personales, y menos cuando había arriesgado de manera tan imprudencial nuestra autonomía frente a los Estados Unidos, socavado la identidad indígena con sus convenios y concertacesiones, y contrariado ese estatuto “liberal y federalista” al reunir tanta influencia política en sus manos, cuando por fin pudo gobernar a sus anchas en la República Restaurada.

Respecto a la sujeción perentoria de las leyes marciales a las civiles, méritas del reconocimiento, las antinomias también persisten en muchos ámbitos. El avance en la práctica legal fue tardo aunque la iniciativa en el papel fuera estupenda, debido a la injerencia profunda que los militares politizados heredados por el caudillismo insurgente poseían aún en las cúpulas de poder. Juárez mismo depositó la administración pública de las regiones de seguridad en que dividió al país y al ejército federalista en generales de brigada, luego de haber convertido a su grupo de intelectuales, hombres de letras y de derecho, en oficiales militares al vapor para contrarrestar la potencia castrense en que se había guarnecido el conservadurismo clerical durante la Guerra de los Tres Años. Probablemente eso era lo podría esperarse de un Juárez que, apreciándose de ser un hombre apegado a la constitucionalidad que defendía, nombró general en jefe durante la toma de Querétaro –la que barrió con la última presencia francesa en México- a un abogado de oficio, Mariano Escobedo, y luego sometió a Maximiliano a juicio sumario de índole militar, distinto y distante de los tribunales civiles con que se dictaminan, por derecho –y sobretodo, por Derecho Internacional-, los crímenes políticos en caso de imposición extranjera. Juárez, una vez más, se encontró rebasado por sus propios logros en materia de Justicia y Estado de Derecho, registrados y salvaguardados por autoridades –entre ellos, el mismo Juárez- que, sin embargo, muy poco o casi nada pudieron lograr frente a la devoradora existencia del peso específico de la milicia en las urdimbres del poder, obsequiándonos con ello a especímenes con uniforme de la categoría de un Porfirio Díaz y, varios años más tarde, un carnaval de oficiales revolucionarios que se turnaron la presidencia mediante el mando absoluto y represor de sus fuerzas armadas personales.

Su lucha anticlerical operó, como casi todos sus otros logros institucionales,  eficiente en las fojas y deplorable en el suministro. Una de las razones acumulativas de Juárez para firmar los convenios con los caciques locales, no sólo consistía en el derrocamiento inmediato del general Santa Anna, sino además un plan general para desembarazar a la política de la Iglesia por partida doble: Mediante sus recursos económicos, manejados en cada región por el sistema comercial fijado por el cacique y mediante el debilitamiento de su intromisión en los asuntos del Estado gracias a la autoridad legal concedida por Juárez en dichos pactos. Siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, envió la iniciativa de la célebre Ley Juárez, un procaz atisbo inicial de lo que contendría la futura Constitución de 1857. En ella, propugnaba una enajenación definitiva de los bienes eclesiásticos, la secularización de predios cuyo control debía poseer el Estado, la regulación fiscal, la prohibición irreversible del clero en toda contienda electoral, las sanciones a toda prebenda monástica, y quizá el tiro de gracia: El traspaso de la administración educativa hacia el gobierno, con lo que el subyacente adoctrinamiento que la Iglesia se convertía en laica y gratuita, y sobretodo, asequible para todos los estratos sociales del país. Si la organización católica no acataba las leyes, se atenían al embargo, la prisión y el destierro, y México, según la inflexible iniciativa, cortaría todas las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, por lo que los prelados en calidad de embajadores pontificios tendrían que abandonar el país. Agresiva y frontal, la Ley Juárez fue centro del más acalorado y prolongado debate, que concluyó al fin el 5 de febrero de 1857 y que preservaba un truco liberal: Como jamás se especificó el Estado confesional como legítimo, la libertad de culto se asumió por apegado a la recién promulgada Constitución.

Sólo 2 años después, urgido por un triunfo en la Guerra Civil que por fin le otorgara la facultad a su rango y la vigencia a su Carta Magna, y presionado por las consejas de su camarilla inseparable con nombre de banda grupera –Los Inmaculados del Paso del Norte-, Juárez lanzó desde Veracruz una proclama en el que daba a conocer los 7 artículos de las Leyes de Reforma, con el espaldarazo de su imagen mesiánica, su reputación de recto estadista y la consigna inexorable de “ahora o se proclaman solas”, pues aunque Juárez las publicaba con el supuesto de vigorizar una legislación anticlerical por parte del gobierno liberal, muchos caciques juaristas ya habían comenzado a validarlas en sus imperios locales. Es decir, no se podía permitir que el Estado de Derecho fuera ejercido por alguien ajeno al Estado, pese a que lo relevante entonces era la consecución de un fin inmediato y común: Deponer el mando de la Iglesia y sus tozudos aliados conservadores.

Pero luego, entronizado finalmente en el poder gracias al auxilio financiero y diplomático de los Estados Unidos –a cambio, por supuesto, de privilegios absolutos como la entrada libre de impuestos de sus mercancías-, Juárez curiosamente le dio un giro a su desempeño en la política interior, con lo que lanzó al bote de la basura todos sus anteriores éxitos legislativos y judiciales. Primero, hizo cicatrizar los reconcomios de la contienda colocando en su gabinete a conservadores moderados, e incluso cediendo diputaciones a los más severos, con lo que sólo provocó una progresiva segregación en la cúpula de poder. Después, para acentuar la incipiente pero tenaz bifurcación, Juárez pretendió granjearse la conformidad de los altos mandos eclesiásticos apelando a un recurso providencial: Puesto que las Leyes de Reforma eran el principal punto de presión en las rebatingas Iglesia-Estado, Juárez determinó su no aplicación definitiva mientras no pertenecieran a una jurisdicción constitucional aprobada por el Congreso; Con ello, no sólo se fragmentó el delicado mosaico de la postguerra recién instrumentado, sino la columna misma del partido liberal, que ante la ineficiencia de los anteriores presidentes, y el actual, no sólo pensaban en la disyunción de sus posturas al interior, sino la posibilidad de destituir al actual, cerrar las filas e imponer con la represión todo vestigio de oposición conservadora. Lo peor de Juárez al intentar fructiferar una quimérica unidad nacional consistió en contentar a sus adversarios ideológicos en el mismísimo seno del partido. Acusado no sin cierta razón de pernicioso contemporizador político, a ello se le sumó sus exhortos implacables de paciencia para con su régimen y todavía en medio de tantos contratiempos suspendió el pago de la deuda externa para sanear la desbaratada economía interior. En esas condiciones más que adversas en casa y con su total desconocimiento del vecindario, Juárez proporcionó las excusas necesarias para la Intervención francesa, pese a las enmiendas posteriores que elaboró para convencer a sus poderosos acreedores de que no se ignoraban sino nomás se aplazaban los pagos  y a las esforzadas diligencias diplomáticas que realizó en Veracruz para evitar cualquier consecuencia calamitosa. Con la invasión extranjera, rabiosamente católica y con un cierto aire fanático de guerra santa, la Iglesia habría de recuperar mucha de su hegemonía, tambaleante tras una feroz conflagración civil y la llegada victoriosa de los liberales, al punto de establecer una Regencia de carácter político e ímpetu inquisidor y represivo, que influía al principio del  Segundo Imperio en las decisiones de Maximiliano. Cuando éste perdió el patrocino francés, y casi por inercia, las riendas del poder y su propia vida, la Iglesia regresó a su posición de temor y dispuesta a cualquier negociación política ante una represalia denodada e inconmovible del gobierno liberal; pero Juárez, convencido de la raigambre religiosa de la idiosincrasia mexicana, entonces palurda y manipulable, optó por no apretar las tuercas de la legislación, y no sólo dejó en paz a un clero todavía sediento tras este perdón histórico, sino le conservó el status quo  que habría de procurarnos otra violenta contienda civil de índole religiosa cerca de medio siglo después –la estúpida Guerra Cristera- y una sutil y perenne intrusión en la política nacional y local hasta nuestros días.

El período de Intervención se vio matizada con tintes de una renovada guerra civil, más cruenta, más eficaz, malversada en su historia real por los conservadores centralistas, respaldados en la fuerza del poder clerical y militarista liderada por los franceses y asistida por los mexicanos antirrepublicanos. Pero en todo caso, durante y después de esa época, la tibieza de Juárez para con las estructuras eclesiásticas, la imposibilidad de experiencia presidencial –pues casi todos sus períodos los cumplió en el ostracismo- y la ceguera que en ocasiones esporádicas padecía por su convicción liberal, investidas todas de una bienintencionada búsqueda de “unidad nacional”, no sólo no consolidaron el proyecto final de la república liberal, sino le propiciaron más yerros en su comportamiento como presidente alterno del país, primero, y después, como presidente de la República Restaurada.

Proemio / Crónicas / Final

*Escritor y periodista mexicano (Villahermosa, 1982).
Ganador del Primer Concurso Nacional de Ficción Playboy 2008.
Nominado al Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2010.
Reconocido por la UJAT en 2002 (Premio Universitario de Ensayo sobre Benito Juárez) y en 2010 (Premio de Cuento de la Feria Universitaria del Libro).
Ha publicado su trabajo literario y periodístico en diversos diarios y revistas locales y nacionales y actualmente, en su blog
se puede hallar el despliegue de su obra.

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