Puntero de papel

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Laura Ximena Martell Cantú y Gerardo Gaudiano Rovirosa

En el papel –el de un diario local, para ser más precisos, que publicó la encuesta de Berumen el pasado 28 de agosto-, Gerardo Gaudiano Rovirosa, alcalde de Centro, luce como puntero en las preferencias electorales si fuera postulado al cargo de gobernador de Tabasco.

En ese mismo papel, y otros más -donde prefieren publicar más encuestas en lugar de noticias sobre investigaciones de la SEIDO-, su labor, primero como dirigente municipal del PRD, segundo como diputado federal por uno de los dos distritos que abarcan el Ayuntamiento que hoy gobierna, y como Primer Regidor del mismo, ha sido juzgada por sus reporteros y columnistas como extraordinaria.

Pero los únicos interesados en que Gaudiano funja ese papel de favorito mientras simula que no, son sus amigos, socios y jefes del Grupo Cancún, principalmente su hermano Cristóbal, implicados en al menos 7 pesquisas, graves todas ellas, por peculado, tráfico de influencias, desvío de recursos, lavado de dinero y daño ambiental, en los gobiernos estatal de Roberto Borge y municipales de Quintana Roo.

Con ese único objetivo -aupar a uno de los suyos al poder local-, han incrustado funcionarios bajo investigación e incluso sentencia de inhabilitación en su nómina; invertido en controvertidos procesos de obra pública; intentado obtener recursos públicos ante instancias federales, fracasando tan rotunda como discretamente, para esto último, también abierto el flujo de efectivo a medios de comunicación y articulistas, quienes sostienen que los cuestionamientos contra Gerardo Gaudiano son “nada más para descarrilarlo” de sus pretensiones políticas.

Valiente periodismo: Defienden la libertad de expresión mientras deploran la que ejercen sus propios colegas periodistas. Defienden su encuesta de toda duda pero nunca admitieron que las 2 últimas que difundieron –Abril de 2012 y febrero de 2015- se equivocaron de forma contundente.

“NIDO DE SERPIENTES”

¿Quiénes conforman el Grupo Cancún? David Gustavo Gutiérrez Ruiz fue el último gobernador del Territorio de Quintana Roo, entre 1971 y 1975. Durante dicho período, fue responsable del diseño y desarrollo de Cancún –que en lengua maya significa “nido de serpientes”- como destino turístico de alto nivel.

En el proceso, por supuesto, amasó su notable fortuna. El simple trazado urbano, la escrituración de predios, la concesión de licencias de todo tipo a las cadenas hoteleras y las diferentes operadoras de turismo y el manejo de fondos federales representó, en una época en que Gutiérrez Ruiz era formalmente poco menos que un cacique, su ingreso a la lista de los empresarios más ricos de México.

Cuando el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de ley de Luis Echeverría que le otorgaba a Quintana Roo la categoría de estado libre y soberano, el proyecto Cancún se encontraba tan avanzado que ya generaba sus primeras utilidades privadas y sus primeras desigualdades sociales.

En ese contexto, y por unos candados previstos astutamente en la misma ley, Gutiérrez Ruiz quedó como un primer gobernador provisional, a cargo de organizar no solamente la administración pública estatal, incluidos sus poderes Legislativo y Judicial, sino los mecanismos de sucesión y las elecciones mismas.

De las condiciones en que las camarillas empresariales y políticas quintanarroenses quedaron fusionadas –y a la vez distanciadas en lo geográfico-, hablan que durante 40 años sólo priistas ocuparon la silla de gobernador.

Y David Gustavo Gutiérrez regresó a Tabasco a la conquista del poder, justamente durante el sexenio de Leandro Rovirosa Wade, abuelo de Gerardo. Su enorme influencia financiera en los asuntos públicos se ha mantenido desde entonces. Por ejemplo, su hermana Leticia y su hijo Luis Arcadio pertenecieron al Consejo Ciudadano de Reconstrucción de Tabasco, que debía administrar 7 mil millones de pesos, aportados de fuentes diversas después de las históricas inundaciones de 2007.

Aunque nunca rindieron un informe puntual y escrupuloso de sus trabajos –y el simple hecho de no transparentar cada peso y ayuda humanitaria implica un delito aún impune-, Luis Arcadio Gutiérrez León colaboró con Gaudiano como director de Fomento Económico y Turismo, sin mayores logros que “importar” de la Ciudad de México el Turibús, un camión de paseos turísticos que en nada ha impactado en la economía ni en el turismo municipales; y hoy aspira a suceder a su jefe, precandidato por el PRD pero buscando la foto con Andrés Manuel López Obrador, de MORENA.

IMPRESENTABLES

El catálogo de funcionarios señalados por conflictos de intereses y tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Centro, es amplio y recorre tanto el gabinete como los regidores del Cabildo.

Con ello, pese a la diaria propaganda de sus medios contratados, la gestión de Gerardo Gaudiano adolece de severas falencias, dejando pendientes serios agravados por el muy anticipado apetito político –gobernador o alcalde reelecto- del nieto de Leandro Rovirosa.

Por ejemplo, en junio de 2017, se presentaron lluvias intensas que anegaron 14 colonias, algunas de ellas entre las más pobladas e importantes de Villahermosa. Como capital del estado y dado el número de damnificados, el daño tuvo una resonancia nacional difícil de callar. Reveló que el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), dependiente del Ayuntamiento, no había brindado el mantenimiento oportuno y adecuado a líneas de alcantarillado ni a los cárcamos urbanos, vitales para el desalojo de aguas pluviales.

Peor revelación fue el escándalo de la renta de 4 camiones tipo Vactor, fabricados para la limpieza y desazolve del drenaje, a la empresa Corpodren de abril a diciembre de ese mismo 2017 por un monto total de 43 millones de pesos. En primer lugar, por los vicios dentro del proceso mismo de licitación, y en segundo lugar porque, dada la magnitud de las afectaciones, no habían realizado ninguna de las labores por las que ya se habían pagado 3 meses de renta, alrededor de 10 millones de pesos.

Sobra decir que el curso de las reparaciones materiales ha resultado opaco, incompleto y prácticamente nulo, pues en casi nada ha contribuido el Ayuntamiento de Centro, pretextando falta de presupuesto e incapaz siquiera de gestionar recursos por “declaratoria de desastre”, imposible de obtener si se considera que la culpa final pertenece a las omisiones del alcalde Gaudiano y no a las precipitaciones.

Más ocupado en sus negocios y en sus aspiraciones electorales, Gerardo Gaudiano ha emprendido rotaciones en su gabinete. La excusa es la evaluación –sobre todo en posiciones menores, como Relaciones Públicas y el Instituto del Deporte-, la realidad es que cada cambio ha conllevado licitaciones tramposas y pésimos resultados de gobierno.

Juan Antonio Ferrer, ex secretario del Ayuntamiento con Humberto de los Santos Bertruy, había logrado continuar como director del DIF. Tras su papel de asesor de la nueva Primera Dama, “renunció” antes que acabara 2016, pero regresó a la delegación del INAH que ha ocupado durante más de una década.

Roberto Romero del Valle, caído de la gracia política del gobernador Núñez Jiménez luego del audioescándalo en el cual denostaba su falta de apoyo político a la campaña del PRD en 2015, retornó a la palestra como secretario del Ayuntamiento en reemplazo de Jorge Armando Chávez e igualmente antes de concluir el año.

Romero del Valle, crítico de López Obrador en los últimos años, brinda sus servicios como operador, conformando junto con Rubén Darío Ligonio, coordinador de Delegados –es decir, de estructuras electorales-, y Casilda Ruiz, regidora y Síndica  de Hacienda –es decir, de recaudar y controlar los ingresos-, el brazo político de Gaudiano con miras a la elección de 2018.

Cloris Huerta Pablo fungió como directora de Atención Ciudadana, el área encargada de ciertos apoyos y programas sociales y del contacto directo con la gente, durante 2 meses. Fue el primer cambio de gabinete pero uno muy estratégico. Ex regidora en el trienio precedente, coordinó las campañas de Gaudiano y prosigue con su tarea original: La operación política para la gubernatura.

Apenas en octubre de 2016, 5 meses después de tomar posesión, adujo que su directora de Administración, Patricia Jiménez, se iría de “enlace legislativo” para obtener más recursos en el Presupuesto de Egresos de 2017. La verdad es que Jiménez Oropeza, contralora en el gobierno estatal de Arturo Núñez, debía ser relegada para que su reemplazo, Alejandro Brown, y no ella, legitimara los contubernios que se cocinaron desde agosto de 2016 en la oficina del presidente municipal.

2 semanas más tarde de anunciarse dicha “comisión”, se destapó el escándalo de la licitación del alumbrado público renovado sobre Avenida Universidad: Las 3 empresas competidoras compartían vínculos diversos entre sí (Idéntico domicilio fiscal, sus representantes legales habían trabajado juntos, no se habían registrado en el padrón de proveedores municipal) y particularmente con el director de Programación, Édgar Díaz Martínez Macías, encargado del proceso.

Además, comprobó la intromisión del Grupo Cancún en la administración de Gerardo Gaudiano: Infralux y Traffic Light también “concursaron” para adjudicarse una obra sobre la avenida Huayacán de dicha ciudad, tramo de 8.8 kilómetros de largo que incluía alumbrado público y su ciclovía, por un monto de 88 millones de pesos del Fondo Metropolitano, inaugurado por Roberto Borge en julio de 2016.

Ambos, Édgar Díaz y Roberto Borge, enfrentan actualmente investigaciones por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, debido a este esquema de consorcios con los amigos. Díaz fue de hecho inhabilitado para la función pública estatal durante 20 años, por su culpabilidad durante la gestión en la Dirección de Planeación Municipal entre 2008 y 2011. Renunció al gabinete de Gerardo Gaudiano en febrero de 2017, 4 meses antes de la captura de Borge en Panamá.

Lo sustituyó José Cunningham Chávez, quien había sido subdirector de Finanzas bajo el mando de Édgar Thomas Barria, dedicado a contabilizar los dineros del comercio informal y las multas de Normatividad y Fiscalización y que representa la continuidad del método de Édgar Díaz en licitaciones y compras.

Thomas Barria, por cierto, figura entre esos funcionarios que curiosamente han aprobado las evaluaciones de Gaudiano Rovirosa, permaneciendo hasta ahora en su cargo.

Otros: Alfonso Tosca, en Obras y Ordenamiento Territorial, y Benjamín Quiles, del SAS –a despecho del “desastre” de junio-, quienes han respaldado con sus firmas todas las licitaciones cuestionadas; Nicolás Mollinedo, la cuota-guiño a López Obrador, que en nada ha mejorado Servicios Municipales.

Alejandro García Baduy, en la Dirección de Desarrollo dedicada a otorgar apoyos al campo –los mismos alevines y los mismos tractores que ya daban sus antecesores-, cuyo hermano, Andrés, es socio de Adalberto Vázquez, prófugo de la justicia por su complicidad con Luis Felipe Graham y Andrés Granier en los millonarios desfalcos a la Secretaría de Salud.

Ni hablar de la contradicción más obvia: Manipulando el discurso de la austeridad, no sólo no redujo una sola área del gobierno, sino además le improvisó una súpercoordinación a su abogado estrella, quien pese a perder el primer round en los tribunales electorales hoy es el todopoderoso vocero responsable de las relaciones institucionales, es decir, de cumplir como se pueda los compromisos asumidos durante de 2 campañas, particularmente con los medios: Oswald Lara Borges.

DEL CABILDO

Entre los regidores tampoco hay excepciones a la regla. Ocurrencias como la del “opositor” panista Francisco Celorio, de “importar” trajineras de Xochimilco a la Laguna de las Ilusiones, no pasan del exotismo que se desvanece por su propia ligereza.

Desaciertos como el de Casilda Ruiz –rescatada de la exclusión perredista por parte del grupo focilista-, quien presumía la gestión de mil 300 millones extra y consiguió, con foto del jefe junto a legisladores del PRI en San Lázaro publicada en toda la prensa adicta, nada más 123 millones, no pasan de la minucia en comparación con el recorte presupuestal de 40 millones de pesos que, muy a regañadientes y difundida en una nota breve para que pasara desapercibida, tuvo que reconocer junto al recorte de personal que implica.

Hoy, Ruiz Agustín queda como alcaldesa interina de Centro e igual que Gaudiano sin ningún interés real de administrar: Promueve su siempre anhelada candidatura a diputada federal por el PRD.

Silencios como los de Ricardo Díaz Leal, presidente de la comisión edilicia de Programación que avaló todas las licitaciones tramposas, beneficiario de obra pública durante los sexenios de Roberto Madrazo y Manuel Andrade, quien se oculta y paga peritajes a modo para no responder sobre las torres de oficinas y departamentos que su constructora levantó, que vendió a precios onerosos y que no resistieron un sismo de 8.1 grados Richter, son moneda corriente para el otrora líder de los empresarios tabasqueños.

Otra cosa fue, y puede que siga siendo, el caso de Laires Carrera Pérez, secuestrado y asesinado entre Jalisco y Nayarit en septiembre de 2016, apenas 5 meses después de tomar posesión, en medio de la pugna por controlar los ingresos de la empresa Transbús, encargada del transporte público en Villahermosa debido a otra concesión amañada, una más, del gobierno de Andrés Granier.

La historia se narra así: En junio de 2014, Rubén Salomé Cárdenas, dirigente en funciones, es enviado a la cárcel junto a otros 17 socios; el Consejo de Administración nombra a Laires Carrera, entonces Primer Comisario, como sustituto. 30 días más tarde, el juez Segundo de Distrito revocó este “golpe de Estado” y dictaminó la restitución de Salomé Cárdenas en su cargo.

Tras su liberación, que tardó un poco más, hasta enero de 2015, Salomé promovió demandas y amparos contra el Consejo de Administración. El motivo real consistió en el manejo de los millonarios recursos de Transbús, siempre ligado al Grupo Cancún: Sus camiones se adquirieron en agencias propiedad de David Gustavo Gutiérrez y los socios de la concesionaria habían formado parte de sus empresas. Dichos fondos se irían a alimentar la campaña de Gerardo Gaudiano, quien colocaría a Laires Carrera en la planilla de regidores y a José Luis Montoya López, Segundo Comisario de Transbús, como su suplente.

Pasadas las elecciones de junio, en noviembre de ese mismo 2015 incendiaron 47 unidades de la empresa, severo daño patrimonial claramente asestado a la dirigencia de Laires. La Fiscalía General del Estado (FGE) mencionó, como línea de investigación adicional a la guerra interna, una represalia por falta de pago de la industria huachicolera, la cual suministraría gasolina robada, y por tanto más barata, para movilizar las unidades.

La mira, sin embargo, sería la nueva campaña de Gerardo Gaudiano derivada de la anulación electoral emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en diciembre siguiente. Las elecciones extraordinarias se realizaron en marzo de 2016, con Carrera Pérez y Montoya López aún en la boleta.

Luego de la ratificación del triunfo y la toma de protesta de Gaudiano, el juez le volvió a dar la razón a Rubén Salomé en el juicio de nulidad; inmediatamente, Laires Carrera, ya regidor, promovió una apelación, en septiembre de 2016, que lógicamente se sobreseyó por su desaparición física dos meses después. Todavía en diciembre, se recurrió al incendio de unidades, 8 en esta ocasión. La Fiscalía reiteró su hipótesis de la retaliación huachicolera, uniéndola al del crimen contra Laires Carrera, lo que confirmaría la mafiosa unión entre empresarios, delincuencia organizada y políticos.

De nuevo, la combinación de negocios turbios (¿Transbús metió dinero a ambas campañas?), amiguismo (¿Empresas del Grupo Cancún se beneficiaron para meter dinero a las campañas?) y asociación delictuosa (¿Transbus hizo pactos con el tráfico ilegal de gasolinas –y/o con otro tipo de empresas ilícitas-, para su beneficio y para meter dinero a las campañas?) salpica el origen, el desempeño en la presidencia municipal y las aspiraciones de Gerardo Gaudiano.

En mayo de 2017, se le otorgó legalmente la posesión a Rubén Salomé Cárdenas que, claro está, tampoco queda limpio de las mismas acusaciones que vertía contra el asesinado Laires Carrera: Malversación de fondos, públicos y privados, elevadas deudas a clientes y proveedores, compra ilegal de combustibles y lavado de dinero. El jaloneo continúa, esta vez contra Mario Hernández Chablé, antiguo colaborador del PRI desde el sector transportista.

Y, en medio, Montoya López se volvió regidor, con salario, prestaciones, personal a su cargo y fuero, a pesar de todo este ostensible expediente de criminalidad.

LAURA XIMENA

La mañana del jueves 7 de septiembre, en las horas previas al insólito temblor que sacudió Villahermosa como nunca antes, se celebró el invento político más reciente de Laura Ximena Martel Cantú: Un Informe de Labores del DIF Municipal, pero, política al fin experta en parafernalia, a nombre del primer aniversario del Voluntariado de esa dependencia, figura que en realidad tiene muchos más años de funcionamiento.

La cantera de Martel Cantú es el Partido Verde que promovía la pena de muerte, se impulsó como nuevo soldado del PRI y nada hizo contra los depredadores de Tajamar, en Cancún. Como política, su carrera tampoco es relevante: Fue prosecretaria de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión cuando el directivo de Televisión Azteca, Tristán Canales, dirigió el organismo.

Desde ahí, fue reclutada para servir a los intereses de Televisa. Diputada federal por el antiguo Distrito Federal entre 2013 y 2015 –la misma Legislatura de su ahora esposo Gerardo-, llegó a la Cámara por la vía plurinominal con la única mira de pasar una versión a modo de la reforma en Telecomunicaciones, que favorecía el monopolio de la concesión del espectro digital a Televisa, bajo el mecanismo del cuádruple play.

Integrante oficiosa de la telebancada, en el camino buscó beneficiar a Televisa en sus diversos frentes. Configuró la ley del Servicio Profesional Docente dentro del paquete de la reforma educativa, la leña que mantenía el fuego de las protestas magisteriales más virulentas, y a la hora de la verdad, gracias al voto en bloque, ni siquiera tuvo que madrugar para quedarse al final del dictamen.

Y en abril de 2013 propuso crear, para sí misma pero con un propósito muy bien definido –y bastante caro- la Comisión Especial de Fortalecimiento a la Educación Superior y la Capacitación para impulsar el Desarrollo y la Competitividad, que ella presidió.

Por un costo de 108 mil pesos mensuales -que se cobraron hasta el último minuto del 15 de abril de 2015-, 14 legisladores se integraron a la Comisión, muchos de ellos, como Laura Ximena, abogada por la Universidad Iberoamericana, egresados de instituciones de educación superior privadas y ligados al sector empresarial.

El gasto se aprobó en pleno, a pesar de ya existir la Comisión Ordinaria de Educación Pública y Servicios Educativos. Nunca durante sus 24 meses instalados elaboró alguna iniciativa nueva ni revisó las pendientes ni las propuestas relacionadas con la educación superior; en cambio, se dedicó a “reuniones y foros de análisis”, que nada resolvieron de fondo, al punto que ni así se pudo justificar su existencia y fue disuelta como parte del programa de austeridad del Congreso.

Martel Cantú maniobró en verdad una caja chica de los partidos involucrados (Aun el PRD y Movimiento Ciudadano, MC), en primer lugar a universidades que triangularon fondos federales a proveedores fantasma agradecidos (La llamada #EstafaMaestra); en segundo lugar, a campañas de las elecciones intermedias de 2015; y tercer lugar, a las gestiones de Televisa por ajustar el nivel Superior a necesidades inmediatas de mercado y por alentar la privatización de los niveles Básico y Media Superior.

Más significativo y paradójico todavía fue su papel como secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, en el contexto de los escándalos del PRI, el PANAL y el PVEM, su partido, por acusaciones de dádivas recibidas a cambio de obra pública.

Por ejemplo, su única iniciativa personal, en 3 años, fue añadir la fracción V al artículo 3° de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas –ni más ni menos-, donde propone definir qué es la corrupción en contrataciones públicas.

Otra iniciativa de la Comisión fue añadir la fracción XIX al artículo 37° de la     Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que consistía en “establecer mecanismos que faciliten el acceso y reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización”, que, por si fuera poco, ella ni siquiera rubricó.

Ninguna de estas iniciativas alcanzó su objetivo.

Lo que sí prosperó fue una lesiva reforma al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que los expertos en transparencia calificaron como retrocesos en la materia. Iniciativa del PRI, el hermano mayor del partido de Laura Ximena, se aprobó en comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y Anticorrupción y Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, con la ausencia de la hoy Primera Dama de Centro, pues era menos que incongruente que ratificara una ley que quitaba dientes al órgano garante.

Paradójico y más, mucho más, que ella, precisamente, no busque transparentar cada peso que pasa por las arcas del Ayuntamiento presidido por su esposo, empezando, por supuesto, con los que utilizó para sufragar su evento de Informe que busca impulsarla para una diputación local por el PVEM o por la alianza que el dirigente estatal de este partido, Federico Madrazo, y Gerardo desde el PRD, están tejiendo entre ellos, el PAN y MC.

*Escritor y periodista mexicano (Villahermosa, 1982).
Ganador del Primer Concurso Nacional de Ficción Playboy 2008.
Nominado al Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2010.
Reconocido por la UJAT en 2002 (Premio Universitario de Ensayo sobre Benito Juárez) y en 2010 (Premio de Cuento de la Feria Universitaria del Libro).
Ha publicado su trabajo literario y periodístico en diversos diarios y revistas locales y nacionales y actualmente, en su blog
se puede hallar el despliegue de su obra.

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